En una sala del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, la tarde de este viernes resonó la decisión de un juez federal que reverberó a todo el país: Juan Carlos García Rivera, señalado como el presunto artífice del sofisticado software de espionaje Pegasus, vio finalmente los grilletes de la incertidumbre ceder ante el fallo de un juzgador.
El magistrado Luis Benítez Alcántara, en su papel de arquitecto de destinos judiciales, esculpió un veredicto que resuena como el eco de la libertad. La Fiscalía General de la República (FGR), en su intento por teñir la narrativa con acusaciones, no logró pintar con certeza los trazos que vincularan a García Rivera con la orquestación de una intervención telefónica ilegal dirigida a la periodista Carmen Aristegui.
En un giro narrativo cargado de tensiones judiciales, el juez sentenció que García Rivera, en su papel de presunto infractor, no soporta el peso de la culpabilidad en lo concerniente a la intrusion telefónica perpetrada contra la pluma de Aristegui Flores.
“La FGR desafió con vano intento la exigencia procesal de probar el delito; por ende, emana la absolución y se emite la orden de liberar al acusado de la prisión preventiva”, resonó la declaración del magistrado.
La fiscalía, buscando la penitencia de 16 años tras los barrotes, vio cómo el tejido argumentativo se deshilachaba ante la falta de pruebas contundentes que tejieran la culpabilidad de García Rivera. Su encierro desde el año 2021 en el Reclusorio Sur se desvanece como un capítulo mal escrito al no haberse forjado la conexión que lo vinculara con la supuesta red de espionaje durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.
En el escenario del tribunal, Juan Carlos García Rivera, con su pasado académico de ingeniería en computación inconclusa, elevó su voz ante la corte. En su defensa, esgrimió el rol de soporte técnico que desempeñó para la empresa KBH, la cual comercializó el enigmático Pegasus a la FGR.
Desde la primera nota de este drama legal, los abogados defensores, Samuel Ibarra Vargas y Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, afinaron su sinfonía de alegatos. Acusaron a su cliente de ser un chivo expiatorio, una pieza sacrificada en el tablero de un gobierno anterior que, con toda su fuerza estatal, orquestaba espionaje ilegal contra periodistas, empresarios y adversarios políticos, utilizando un sistema adquirido con propósitos clandestinos.
El telón de la justicia se abre, revelando una trama de intrigas, donde la inocencia y la culpabilidad bailan en un delicado equilibrio entre las sombras de la sospecha y la luz de la verdad.
